LA CORTE SUPREMA HACE JUSTICIA
Desde la Alianza de abogadas/os por los Derechos Humanos de las Mujeres
reconocemos el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que confirmó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Chubut que hizo lugar al pedido de aborto legal de una adolescente de
quince años con un embarazo impuesto por una violación.
Con esta sentencia la Corte termina por clarificar el alcance del artículo
86 del Código Penal, esto es, los casos actualmente permitidos por nuestra
legislación penal. Asimismo establece pautas para la atención de las mujeres
en situación de aborto no punible en los servicios de salud, y reclama que
las autoridades nacionales y provinciales asuman sus responsabilidades para
terminar con las barreras de acceso al aborto legal.
La decisión del Máximo Tribunal es especialmente importante porque refleja
la voluntad del Tribunal de saldar una disputa interpretativa que implicó
por años que el Estado argentino vulnerara los derechos de las mujeres a
acceder a los abortos previstos desde 1921. De esta manera, confirmó que el
artículo 86 inciso 2 del Código Penal despenaliza el aborto en todo caso de
violación y no solamente, como sostenían algunos, cuando la mujer tenía
discapacidad mental. Retomando y homologando así lo sostenido por los
Tribunales Superiores de Chubut, Río Negro y la mayoría de los protocolos de
atención de los abortos no punibles.
La sentencia muestra un tribunal dispuesto a precisar las condiciones
básicas que debe garantizar el Estado para la interrupción legal del
embarazo y los requisitos que deben cumplir los profesionales de la salud al
hacerlo. En particular, según la Corte, los abortos deben ser realizados por
un solo médico, sin necesidad de autorización judicial previa, sin exigirse
la denuncia penal sino tan solo una declaración jurada de la mujer respecto
de la violación. Por otro lado, el Tribunal ha dejado en claro que el Estado
argentino, como garante de la salud pública, debe poner a disposición de
quien solicite el aborto legal, las condiciones médicas e higiénicas
necesarias para llevarlo a acabo de forma “rápida, segura y accesible.” Para
eso, exhorta tanto a los gobiernos provinciales como nacional a la emisión e
implementación de protocolos sanitarios.
La Corte tampoco pasa por alto la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las mujeres víctimas de violencia sexual y reclama a los
gobiernos nacional y provinciales a que les brinden toda la asistencia y
servicios que se requieran para resguardar su salud e integridad física y
psíquica, evitar la reiteración de la violencia, y facilitarles el acceso a
la justicia.
Estos estándares de regulación fijados por la Corte indican una preocupación
especial por la efectividad de la garantía del derecho que asiste a las
mujeres y el propósito de contribuir a revertir las barreras que
históricamente han obstruido el acceso al aborto no punible en clara
vulneración a derechos fundamentales de las mujeres. La interpretación que
hace nuestro maximo Tribunal es respetuoso a los estandares internacionales.
En este sentido, al referirse al rol que juegan los instrumentos de derechos
humanos, y a principios como el de legalidad, de derecho penal minímo y el
principio de dignidad, contribuye a fortalecer la posición que defiende la
constitucionalidad de la despenalización del aborto y promueve la discusión
de la reforma legal en el Congreso de la Nación.
Damos la bienvenida al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, porque pone de manifiesto su compromiso a los derechos humanos ,
implica un avance hacia el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en
una sociedad democrática, y aportan claridad a un debate que nos involucra
como comunidad política y que, esperemos, continué en el Congreso.
Alianza de abogadas/os por los Derechos Humanos de las Mujeres
13 de marzo de 2012
